Diversas reacciones se produjeron entre voceros de la oposición en Táchira, frente al anuncio del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela durante la noche, como una medida para frenar el contrabando; quienes rechazan esta decisión coinciden en que es una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que no resuelve de fondo el problema de la extracción ilegal de productos hacia el vecino país.
Walter Márquez, diputado suplente a la Asamblea Nacional, aseguró que ni el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; ni el de Colombia, Juan Manuel Santos, tienen la potestad para acordar el cierre de frontera, salvo que en sus respectivos países se decrete un estado de excepción, que debe ser justificado por una emergencia política, económica o ambiental, tras recordar el artículo 50 y 337 de la Constitución Bolivariana.
Aseguró Márquez que: “estamos en presencia de un régimen autocrático que vulnera todos los derechos del rango constitucional, además, viola acuerdos y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República; estamos en presencia de una gravísima violación de los derechos humanos, que constituye delito de lesa humanidad, convirtiendo a la frontera en una franja de desintegración”, al considerar además que el contrabando se combate con medidas macroeconómicas.
Está convencido el diputado tachirense que esta medida no acabará con el contrabando en la entidad, ya que éste se acabaría tomando medidas macroeconómicas de producción y estabilización del valor de la moneda, pues, según explicó, el desequilibrio económico en Venezuela es tan fuerte que incentiva la fuga de alimentos.
Solano: “contrabandistas penetraron
los gobiernos de Santos y Maduro”
“Con el cierre de 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, pretenden Santos y Maduro acabar con las mafias del contrabando, que ya están enquistadas dentro de las estructuras de sus propios gobiernos”, así lo afirmó Néstor Solano, dirigente del Frente por la defensa del Táchira y el Centro de Pensamiento Primero Colombia, quien también se pronunció sobre el tema.
Solano afirmó que: “con esta medida los más perjudicados serán los pobladores de toda la frontera, que transitaban libremente a cualquier hora, para atender a sus parientes residentes en los dos países, y muchas veces reciben atención médica u hospitalaria y no se tienen los pesos necesarios para pagar un hotel o residencia en Colombia; lo mismo le ocurrirá a los viajeros de aquí y de allá, quienes serán sorprendidos a su regreso cuando encuentren la frontera cerrada, por políticas desacertadas que golpean a todos los pobladores del cordón fronterizo colombo-venezolano”.
Denunció Solano que: “altos funcionarios de los dos gobiernos forman parte de la estructura del contrabando, y esto se puede apreciar cuando pasamos por las alcabalas de Peracal, el peaje, la aduana de San Antonio del Táchira, la aduana de Ureña, el puente Unión, y si continuamos el viaje hasta Bogotá, por Copetran o Berlinas del Fonce, a pesar de las requisas que realizan en Colombia, en todos los pueblos bajan mercancía que es trasladada desde Venezuela, con la complicidad de las mafias en los cuerpos responsables de la seguridad”.
“Lo que demuestra esta medida por parte del gobierno de Venezuela, es el más absoluto fracaso de sus políticas diplomáticas y la incapacidad de la Guardia Nacional para cumplir con sus obligaciones, mientras es ocupada para perseguir y atropellar estudiantes, amenazan con imponer todo el peso de la ley a quien le encuentren con el tanque de su carro lleno de gasolina, pero no le hacen nada a quienes desde el gobierno pasan todo tipo de mercancías a horas determinadas y con funcionarios previamente hablados”, advirtió Néstor Solano.
Cortesía La Nación
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