“Esta es una frontera internacional y para muchos de los que vivimos aquí, en San Antonio, el cierre nos perjudica. Tengo una hija que estudia en Colombia, en la Universidad de Pamplona, y muchas veces sale de clases a las 9:30-hora colombiana-, 10 de la noche de aquí; entonces, cómo pasa mi hija o cómo puedo pasar yo a buscarla para llevarla a la casa. Como trabajador del transporte público, también me veré afectado porque hay personas, tanto venezolanas como colombianas, que deben viajar hacia el aeropuerto de Cúcuta en horas de la madrugada y nos contratan para que les hagamos la carrera a las 2 de la mañana, pero ahora no podremos prestar ese servicio”, expresó José Sandoval, quien labora como taxista en la capital del municipio Bolívar, al ser consultado sobre el cierre de fronteras en horas de noche, acordado por los Gobiernos de Venezuela y Colombia para combatir el contrabando.
Al igual que Sandoval, muchos ciudadanos de a pie, representantes de gremios, transportistas, concejales, creen que el cierre de fronteras solo perturbará la cotidianidad de la frontera colombo-venezolana, debido a los lazos y la interdependencia que hay en lo comercial, laboral, educativo, atención en salud, tránsito de personas, turismo, recreación, esparcimiento, etc.
Sandoval dice que en San Antonio y Ureña hay muchas personas que están en la misma situación que él, tienen hijos estudiando en Cúcuta o trabajan acá y viven al otro lado de la frontera. A su juicio, el cierre de fronteras “es algo inconstitucional, porque la Constitución no nos priva el derecho al cruce de frontera, porque estamos en un país democrático, donde tenemos derecho al libre tránsito”.
Más que un efecto contra el contrabando, el cierre de los pasos habilitados en la frontera tendrá un impacto negativo en la cotidianidad propia de la población que convive en la frontera. La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, consideró que esta medida es una demostración más de que los Gobiernos de Venezuela y Colombia siempre toman decisiones sin considerar la realidad fronteriza.
Cortesía La Nación

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