El cierre de la frontera
entre Norte de Santander y Venezuela, más que pérdidas económicas, ha
ocasionado un drama social que vincula a cientos de familias obligadas a dormir
en albergues improvisados.
Según las últimas cifras
oficiales conocidas antes del cierre de esta edición, durante los cuatro días
del estado de Excepción fueron deportadas 530 personas, muchas de ellas madres
separadas de sus hijos.
Una de ellas es Sandra
Patricia Carreño Silva, que fue detenida por las autoridades venezolanas en San
Antonio, mientras se transportaba en su moto hacia la casa donde trabajaba como
empleada de servicio. A ella no solo la deportaron después de ocho años de
vivir y trabajar en esta población fronteriza, también la separaron de sus dos
hijas y sus esposo, quienes permanecen temerosos en su hogar por la persecución
a los colombianos que se está presentando.
“A los colombianos nos
están tratando como delincuentes y no lo somos”, dijo, mientras limpiaba sus lagrimas.
Precisamente, el temor
generado por la arremetida de las autoridades venezolanas, hizo que muchos
nacionales que residían en Ureña y San Antonio decidieran pasar la frontera por
el temor a ser maltratados y deportados.
En este sentido, Jhon Vargas,
dijo que el pasó por una trocha, pero al estar ya del lado colombiano (después
del río Táchra) fue agredido y robado por la guardia de Venezuela.
Al conocer las denuncias
de los colombianos expulsados de Venezuela, el ministro del Interior, Juan fernando
Cristo, le pidió al Gobierno venezolano respetar los derechos humanos y no
maltratar a los colombianos. “Hay una situación preocupante, lamentable. Hay
unas denuncias serias de atropellos a ciudadanos colombianos que vamos a tratar
ante las autoridades venezolanas (…) También hay un problema de unificación de
familias en el que tenemos que trabajar y vamos a pedir que se garantice el
derecho a las propiedades y enceres de los colombianos que quedaron allá”,
aseguró Cristo.
Precisamente, Henry
Martínez, oriundo de Bogotá y residente en San Antonio desde hace más de ocho
años, dijo que a pesar de haberlo dejado todo allá, él no piensa volver.
“Ellos prácticamente me robaron todo”.
Entre las decisiones que
se tomaron ayer para atender a los deportados y a quienes salieron de Venezuela
por miedo, está la adecuación del coliseo del Colegio Municipal como un
albergue temporal. Sin embargo, ante el problema migratorio que se está
presentando, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, destacó la ciudad no
está en capacidad de recibir a toda la población que llegue.
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