La Procuraduría General de
la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años al exalcalde de Bogotá, Samuel
Moreno al encontrar que actuó de manera ilegal para que a los empresarios del
grupo Nule el IDU les adjudicara un millonario contrato durante la Fase III de
Transmilenio en el año 2011.
El órgano de control
encontró irregularidades durante la cesión del contrato 137 de la Fase III de
Transmilenio que el ‘Grupo Nule’ le hizo al Grupo Empresarial Vías de Bogotá
(Conalvías), en el que, presuntamente, el entonces mandatario distrital, tenía
intereses directos e ilegales.
Según la investigación,
quedó plenamente probado, tal como lo afirmó Inocencio Meléndez Julio, jurídico
del IDU, ese instituto no hacían nada sin la previa autorización del entonces
alcalde mayor de Bogotá.
"Se determinó que a
través de maniobras de engaño y presión, Liliana Pardo Gaona, directora del IDU
para la época de los hechos y actual prófuga de la justicia, impidió que otras
empresas pudieran participar en igualdad de condiciones en la negociación de la
cesión, la cual el Grupo Nule le hizo a Conalvías, a pesar de que ese grupo
empresarial no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras. Cabe
precisar que, a pesar de las falencias antes mencionadas de Conalvías, el IDU,
con la intención de favorecer a este grupo empresarial, las avaló", afirmó
Ordóñez.
La investigación arrojó
que la cesión del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel
Tequendama el 18 de febrero del 2010, con la activa participación de Samuel
Moreno Rojas, quien direccionó ese acto para que se cediera el contrato única y
exclusivamente a la promesa de sociedad futura Vías de Bogotá, cuyo principal
accionista era Conalvías, que para esa fecha no estaba habilitada ni jurídica
ni financieramente para adelantar las obras de Transmilenio en lo que
correspondió a la Fase III de la calle 26.
Una vez hecha la cesión,
el IDU procedió a modificar las condiciones del contrato, en precio, plazo y
disminución de obra, a través de otrosíes que se firmaron entre febrero y
octubre de 2010, los cuales generaron unos sobrecostos que favorecieron en más
de 190.000 millones de pesos a Conalvías.
El proceso disciplinario
además dejó probado que el entonces alcalde se interesó ilegalmente en el acto
de cesión con el que se favoreció a Conalvías por un contrato por valor de
218.352 millones de pesos, aproximadamente.
"Está probado de
manera suficiente y concreta que Samuel Moreno Rojas fue quien hizo nacer la
idea de la transgresión de la ley tanto en Liliana Pardo Gaona como en Néstor
Eugenio Ramírez Cardona, también exdirector del IDU, por lo que actuó como
determinador", agrega el jefe del organismo.
Dentro de esta decisión el
órgano de control compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que
investigue la conducta de Andrés Jaramillo, representante legal de Conalvías,
pues, de acuerdo a la investigación, habría sido artífice de los hechos de
corrupción por los que se sancionó a Moreno Rojas.
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