El precandidato a la
Gobernación de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y el
representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, fueron declarados responsables por
la Procuraduría y la Contraloría, por el caso del puente de Puerto León.
Según las anotaciones que
aparecen en los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, ninguno ha
pagado 242 millones de pesos por detrimento patrimonial, como lo ordenó el 21
de octubre pasado un fallo de segunda instancia de la Contraloría General de la
República.
Como consecuencia, a ambos
les figuran inhabilidades fiscales de cinco años para contratar con el Estado y
ocupar cargos públicos, pero Villamizar aseguró ayer que el proceso aún no está
en firme.
“Tenemos un último recurso
legal en el cual trabajan nuestros abogados. Hasta que ese trámite no se cumpla
y la Contraloría ratifique o revoque la sentencia, no rige ninguna
inhabilidad”, declaró el exgobernador.
Todo se relaciona con la
ejecución del proyecto de reconstrucción del acceso y protección de la estructura
del puente de Puerto León, con un costo de 1.465 millones de pesos. Los
dineros fueron aportados por el Fondo
Nacional de Calamidades.
Por esa investigación, 15
días antes de terminar su mandato,
Villamizar Laguado fue suspendido del cargo.
A mediados de diciembre de
2011, al conocerse la suspensión de Villamizar, la Contraloría dijo que el
proceso lo inició porque le generaba sospechas el hecho de que la Gobernación
hubiera suscrito un convenio de cooperación con Asocarbón, que tenía a su cargo
la ejecución de la obra, sin que el contrato correspondiera a los acuerdos que
se suscriben por convenios de asociación.
El artículo 38 de la Ley
734 señala que quienes aparezcan como responsables fiscales tienen prohibido
ejercer cargos públicos, ya sea por elección o nombramiento, y para contratar
con el Estado, por un tiempo de 60 meses.
El mismo Código
Disciplinario señala que “esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría
competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando
la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de
responsables fiscales”.
En lo que se relaciona con
Villamizar y Carrillo, hay abogados que señalan que la inhabilidad los cobija
al aparecer en un boletín de responsables fiscales de la Contraloría con
antecedentes en la Procuraduría.
Se conoció que ante la
Presidencia de la Cámara de Representantes se presentará un escrito para
indicar que el representante Wilmer Carrillo ya no podría seguir en su curul.
Además, que basado en la
prueba trasladada por la Contraloría General de la República, la Procuraduría
puede iniciarle un proceso disciplinario.
No
está en firme: Villamizar
En medio de ese debate
jurídico, el exgobernador afirmó que continúa en la contienda electoral con
miras a los comicios de octubre de este año, porque “todavía tenemos una última
apelación”.
Villamizar incluso afirmó
que los argumentos que presentará la defensa ante la Contraloría General la
República “son muy claros, porque la obra está bien hecha, se entregó a la
comunidad y está prestando un servicio”.
Aunque el fallo de
responsabilidad fiscal corresponde a octubre del año pasado, el exmandatario
departamental dijo que está dentro “del tiempo para la presentación del último
recurso”.
Según las anotaciones que
aparecen en el certificado de antecedentes disciplinarios, la inhabilidad
fiscal de Villamizar y de Carrillo va desde el 21 de octubre de 2014 hasta la
misma fecha de 2019.“Eso no está vigente todavía, pues no se ha surtido una
alternativa que tenemos aún para demostrar que no hubo actuaciones irregulares
en esa contratación”, sostuvo Villamizar.
De La Opinión para Sucesos
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