Hace poco más de 11 años, ad portas de la
desmovilización de los grupos paramilitares, el entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, expresó en una entrevista al
diario El País la misma tesis que ayer manifestó desde el exilio: “La idea es
que haya una pena alternativa a la cárcel...nosotros tenemos que buscar una
alternativa para esas personas que han cometido delitos atroces”.
Pero
ayer Restrepo, ahora excomisionado de paz, fue más lejos. A la idea de que el
proceso de paz no es viable con cárcel de por medio, sumó las posiciones sobre
su percepción del proceso de paz entre Gobierno y Farc, la participación activa
del Centro Democrático en los diálogos, y el mecanismo de refrendación de los
acuerdos después de la negociación.
“Normativamente
lo que el Presidente firme con un grupo al margen de la ley tiene validez”,
dijo a la W Radio. Con esta declaración, Restrepo le sumó otro elemento al
debate que hace unos días inició el fiscal general de la Nación,Eduardo Montealegre, cuando
afirmó que los acuerdos no necesitan una refrendación popular.
Por
esta razón, el Gobierno salió a apagar el incendio con su jefe negociador,Humberto De la Calle, poniendo
de manifiesto que los acuerdos sí se refrendarían. Mientras las Farc reclamaron
por lo promulgado por el presidente Santos antes del inicio de los diálogos: el
pueblo colombiano diría sí o no a lo negociado con las Farc. Entre sí puede y el deber
Si
bien el presidente Juan Manuel Santos tiene
facultades para avalar los acuerdos, el deber ser es que lo acordado con las
Farc vaya a la refrendación.
Fernando Hoyos, congresista
del Centro Democrático, es explícito y refiere los acuerdos como un tema no
jurídico, y en esa medida no necesita refrendación, pero “el compromiso desde
el primer día es que todo lo acordado sería refrendado. Esta es la única
esperanza del Centro Democrático para hacerle oposición más seria a los
diálogos”.
Pero
el tema de la refrendación de los acuerdos no fue solo el único punto abordado
por el excomisionado Restrepo. Desde su punto de vista, y basado en las
experiencias de otros procesos de paz en el mundo —y el mismo de los
paramilitares en Colombia—, las penas alternativas deben hacer parte del
abanico de posibilidades para cuando las Farc dejen las armas.
“Es
muy difícil un proceso de paz con cárcel”, fue la frase de Restrepo, y
argumentó que sí deben haber otro tipo de sanciones para las Farc entre las que
se incluya una sanción política por algunos años.
Opiniones encontradas
La
idea no es tan descabellada a la luz de los preceptos esbozados por la
directora del Centro Internacional de Justicia Transicional en Colombia (ICTJ
por sus siglas en inglés), María Camila Moreno. “No estamos en un proceso en el
que se va a aplicar justicia penal ordinaria. Porque justamente estamos en una
situación excepcional, hay que hacer frente a la masividad de hechos y víctimas
y garantizar los derechos de todas ellas, pero al mismo tiempo tenemos que
buscar un mecanismo que nos permita lograr la paz”.
Entonces,
para María Camila Moreno se deben buscar otras alternativas dentro del derecho
penal que lleve a buscar otras opciones diferentes a las penas en la cárcel, “y
por eso entramos en un terreno donde tenemos que valorar para el proceso de paz
si se deben aplicar las penas máximas. Si uno se queda con ese objetivo,
sabemos que si lo que le vamos a ofrecer a las Farc son las penas mas altas, no
va a haber acuerdo”.
En
contravía a lo expuesto desde el ICTJ, para la senadora Paloma Valencia todos
los crímenes cometidos de lesa humanidad por las Farc deben ser pagados con
cárcel, y agrega, se deben negociar las penas que pasarán en prisión.
“Hay
un tema que es fundamental a tratar y es si va a haber cárcel o no porque están
utilizando la justicia transicional de una manera tramposa para hablar de penas
alternativas”, asevera Valencia.
A
la Congresista no le preocupa si el Gobierno firma o no los acuerdos con la
guerrilla, pues para ella será el pueblo colombiano el que decida si acepta o
no todo lo discutido en el proceso de paz en La Habana.
Ante
la discusión abierta sobre la posibilidad de que las Farc vayan a la cárcel o
no, la posición de Christian Voelkel, analista
del conflicto armado e integrante de la Ong International Crisis Group, es que
los grupos armados (guerrillas y fuerzas armadas del Estado) no pueden escapar
a una rendición de cuentas.
“Basados
en los estándares internacionales deben explicar a todos qué fue lo que sucedió
en el conflicto y su participación. Esto bajo las normas colombianas y sus
afiliaciones”. Concluye Voelkel que hacia ese punto debe girar la discusión, y
más allá de las penas a instaurarse, las víctimas deben ocupar el pináculo de
la discusión .
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