Maura Yolanda Jaimes Arias
y sus hermanos Edgar Edmundo y Américo Yesid fueron condenados ayer a 123 meses
y 10 días de prisión por concierto para delinquir, estafa agravada y
enriquecimiento ilícito de particulares. Además, deberán pagar una multa de $4.214
millones.
Los hermanos aceptaron
haber estafado a varias personas, quienes engañadas pagaron por económicas
viviendas producto de falsos remates o embargos. La Fiscalía estimó en $3.020
millones el valor total de los perjuicios patrimoniales.
A las 8:30 de la mañana,
se llevó a cabo la audiencia ante Juzgado Segundo Penal Especializado de Cúcuta
que los sentenció a purgar la pena en prisión, revocando la detención
domiciliaria de que gozaba Maura Yolanda.
Los hermanos fueron
detenidos en marzo de 2015 y, aunque en la audiencia de imputación de cargos no
aceptaron los delitos imputados por la Fiscalía, lo hicieron el 10 de marzo de
2016, cuando se esperaba el escrito de acusación en su contra.
La Fiscalía retiró además
el cargo de cohecho por dar u ofrecer en contra de la mujer, por colaborar con
la justicia.
De esta manera, los
procesados se acogieron a una forma de terminación anticipada del proceso
penal, a cambio de un descuento del 30 por ciento en la pena, y evitaron ir a
un juicio oral y público, que de ser hallados culpables no obtendrían ningún
beneficio.
Fredy Armando Sanabria
Castañeda, quien hace parte de la misma red de estafa, no se allanó a los
cargos y enfrentará un proceso por separado.
La sentencia fue apelada
por la defensa de los procesados y corresponderá al Tribunal Superior de
Cúcuta, fallar en segunda instancia, si ratifica, modifica o rechaza la
decisión.
Las estafas
Según se conoció, en el
caso de Maura, la banda operó desde 2013 a marzo de 2015 (fecha en que fueron
detenidos) bajo la empresa Cobra Segura. La mujer se hacía pasar como abogada y
con sus hermanos y cómplices decían tener influencias con jueces y secretarios
de despachos, donde supuestamente tramitaban los remates de los inmuebles.
Mostraban las casas y apartamentos y advertían a los compradores que no podrían
ingresar, solo mirarlos por fuera.
“Como vemos, estas
personas ilusionadas por la adquisición más económica de un inmueble,
entregaron altas sumas de dinero, producto de sus ahorros y créditos a
terceros, los cuales fueron apropiados por los capturados, causando grave
perjuicio para las víctimas”, indicó la Fiscalía en una de las audiencias.
Investigadores recopilaron
información que revela que los estafadores, entre los que se encuentran algunos
abogados, vendían casas en remate ubicadas en diferentes barrios de Cúcuta, Los
Patios y Chinácota, las cuales costaban desde $40 millones hasta $480 millones
que entregaron las víctimas.
Los estafadores afirmaban
que el dinero debía ser consignado en una cuenta bancaria de una sociedad.
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