Cientos de extranjeros han
aumentado su llegada a Boyacá, ofreciendo su mano de obra para no pasar hambre.
Quienes corren con suerte alcanzan a ser empleados en casas de familia, en
establecimientos comerciales para atención al público, otros en la vigilancia y
algunos en hoteles.
Los que no cuentan con la
misma oportunidad, que es en la mayoría de los casos, no ven una salida
distinta a la de la prostitución para las mujeres, y los hombres, se emplean
como obreros en la construcción.
Víctor Hugo Carrillo,
coordinador de Migración en Boyacá, indicó en Caracol Radio que “la crisis
socio política del vecino país, ha incrementado el flujo de ciudadanos
extranjeros ingresando a nuestro territorio, ejerciendo actividades que generan
beneficio económico sin estar autorizados para ello. Ellos argumentan que
vienen a esta zona de Colombia por el hambre que tienen en su país, ya que no
les alcanza el dinero para su sustento”.
El panorama en esta región
muestra un aumento en el número de venezolanos ilegales. En los últimos 15 días
se han tenido que deportar al menos 60 personas a ese país.
“Hemos tenido que deportar
y expulsar ciudadanos que se encuentran de manera irregular en el país:
alrededor de 60 deportados y alrededor de 35 expulsados. Las edades de estos
ciudadanos oscilan entre los 18 y 35 años”, señaló Carrillo.
De acuerdo con Migración
Colombia, varias de estas personas son “ciudadanos que han regresado o llegan a
Colombia porque tienen algún arraigo familiar con algún colombiano. Es decir,
son esposos o esposas, o hijos de colombianos”.
En estos casos, “se
considera como una ventaja, porque a muchos se les tramita la visa para que
tengan una mejor estadía en Colombia”.
La autoridad migratoria
“revisa los documentos, y la reglamentación requerida por la legislación
colombiana para extranjeros. Al percatarse de que el ciudadano no cumple,
efectivamente se inicia un proceso administrativo sancionatorio, tanto para el
extranjero como para el empleador colombiano”, mencionó Carrillo.
Si se advierte a
ciudadanos venezolanos, o de cualquier nacionalidad trabajando de manera ilegal,
“se inicia entonces un auto de apertura, con unos cargos determinados según el
caso, y se revisa la situación en particular, porque todas absolutamente todas,
son distintas. Las partes tienen todas las garantías de ley para defenderse,
pero en dado caso de no demostrar la legalidad requerida, los empleadores que
contratan mano de obra ilegal, tendrán que asumir multas que van desde un
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, hasta 15 SMMLV”, explicó el coordinador
de Migración Colombia en el departamento.
Los operativos se
acompañan entre la Policía Nacional Colombiana y Migración Colombia.
“Estas dos entidades se
encargan de adelantar los procesos legales de deportación o expulsión según el
caso, y aseguran que trabajan protegiendo los derechos humanos de estos
ciudadanos, llevándolos hasta su lugar de origen, con todas las garantías”,
indicó el comandante del departamento de policía de Boyacá, coronel Juan Darío
Rodriguez.
Agregó que en efecto, “la
policía nacional tiene conocimiento de que está aumentando el número de
venezolanos en esta región del país, que llegan en búsqueda de empleos, pero
sin los documentos necesarios. Sabemos que ingresan no sólo por las fronteras
establecidas, sino por pasos ilegales entre los países vecinos. Ellos viven en la
clandestinidad”.
Testimonios de
trabajadores venezolanos explican que llegan de ilegales a Boyacá, “en búsqueda
de mejores oportunidades, y para poder dar comida a nuestras esposas, a
nuestros hijos. Venimos a pasar también necesidades, pero por lo menos podemos
ver acá una situación distinta, porque Colombia por lo menos tiene una
situación económica más estable. Es un gesto humano que les pedimos a muchos,
no es fácil llegar de esta manera a un país que no conoces, sólo esperamos
hermandad”.
Estos ciudadanos llegan
por tierra a Boyacá con muchas dificultades. Cruzan las fronteras de Arauca y
Norte de Santander, y desde allí, pasan largas horas en buses de servicio
intermunicipal, hasta llegar a esta tierra que para muchos, es la ideal para
vivir sin hambre.
Sin embargo, los dueños de
los negocios o empleadores en esta zona, sienten desconfianza cuando un
venezolano busca empleo en la región.
“La verdad, prefiero dar
empleo a una persona que de acá, Colombiana y de Boyacá que lo necesite. Me dan
mucha desconfianza a veces estos ciudadanos, debido a que también es un riesgo
emplearlos de manera ilegal”, dijo una empleadora en Tunja.
De acuerdo al barrido
realizado en el comercio de la ciudad, esa misma percepción es la que tienen la
mayoría de empleadores en la región.
Por esto, sus
oportunidades se reducen, y terminan empleándose como mano de obra no
calificada o en trabajos como el de la prostitución, igualmente, ilegales.
Las autoridades advierten
que incrementan las labores de control y vigilancia para evitar que ciudadanos
extranjeros ejerzan actividades que generen beneficios económicos sin estar
autorizados para ello.
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