Luego de la audiencia que
se extendió por cerca de seis horas el pasado miércoles, el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira,
extensión San Antonio, decidió que los
18 militares del Ejército y tres civiles
detenidos en agosto del año
pasado en Ureña, por presuntamente haber
habilitado una trocha para el paso de
contrabando, irán a juicio y
continuarán privados de libertad.
La audiencia preliminar,
que fue suspendida en varias oportunidades,
se celebró el miércoles a partir
de las dos de la tarde y se extendió hasta
aproximadamente las ocho de la
noche. Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y de los 15 abogados que integraron la defensa de los militares y civiles, la
juez a cargo del Tribunal de Control
aceptó la acusación de la
Fiscalía del Ministerio Público y acordó
llevar a juicio a los acusados.
El caso, que llamó la
atención de la opinión pública a nivel nacional, data del 27 de agosto de 2014, cuando el grupo de 18 militares del Ejército que hacía parte de las
tropas desplegadas por el Gobierno en la frontera para contrarrestar el
contrabando, fueron detenidos al ser
acusados de haber rehabilitado una trocha, la cual había sido inhabilitada previamente para
evitar el contrabando de productos de
Venezuela hacia Colombia.
Durante la audiencia del
pasado miércoles, el grupo de abogados defensores solicitó que se declarara la
nulidad de la acusación, alegando que se había violado el debido proceso y los
derechos humanos. Los abogados argumentaron que los defendidos fueron detenidos arbitrariamente por un
coronel de apellido Santana, que en ningún momento fueron informados sobre los
delitos por los cuales estaban siendo aprehendidos y que los derechos como
imputados fueron leídos 12 horas después
de su detención. La defensa
considera además, que fue
violada la cadena de custodia de
los celulares que tenían los militares
detenidos, los cuales aseguran
fueron retenidos por el
coronel y presuntamente manipulados.
Debido a las diversas
circunstancias que se dieron en el proceso,
la defensa solicitó la nulidad de la acusación como punto previo y en
segundo lugar, colocó excepciones, ya que
considera que la actuación
desplegada por los militares al momento de ser detenidos no reviste carácter
penal, pues cada uno estaba en su puesto de trabajo en la aduana
de Ureña y no habilitando trochas, como
los acusan.
La defensa afirma que a
pesar de la falta de elementos de convicción que había en el acto conclusivo de acusación por parte del Ministerio Público, la
juez de control declaró sin
lugar las solicitudes que hizo la parte
defensora, admitió la acusación y
sometió a juicio a los 18 militares y tres civiles, manteniendo la medida
privativa de libertad.
Los militares están acusados de cometer
los delitos de contrabando
agravado, corrupción propia y asociación
para delinquir, mientras que a los civiles
les endilgan el delito de
legitimación de capitales por haberle
encontrado dinero en su residencia,
el cual según la parte
acusadora, provendría de hechos
vinculados al contrabando. La defensa, no obstante, afirma que la
procedencia de ese dinero está sustentada legalmente.
Asegura la defensa que
aunque hubo presión por parte de órganos
superiores, para que los acusados
admitieran los hechos, sus
defendidos en ningún momento los admitieron porque están dispuestos a
demostrar su inocencia en el juicio. “Lo
que queremos es que se lleve un juicio transparente, apegado
a derecho y que se deje a un lado
las directrices políticas que no
nos están llevando a nada bueno, porque
si el caso se sigue manejando así, el
juicio lo van a demorar o poner trabas para que no se realice y mientras
tanto los acusados seguirán privados de libertad”, expresó
uno de los integrantes de la nutrida defensa.
De La Nación para Sucesos
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