Desde $16 y hasta $230
millones pagaron incautos (en efectivo o consignaron en bancos) ilusionados con
adquirir una casa o apartamento a bajo precio que supuestamente eran rematados
por juzgados en procesos civiles.
Tras meses de seguimiento a nueve denuncias, instauradas ante la Fiscalía, los investigadores capturaron a los primeros responsables por estos hechos.
Se trata de los hermanos Maura Yolanda Jaimes Arias, de 36 años; Américo Yesid, de 22, y Edgar Edmundo, de 30, además de Freddy Armando Sanabria Castañeda, detenidos por orden judicial para que respondan por estafa y enriquecimiento ilícito.
Los aprehendidos fueron presentados ante un juez de control de garantías de Cúcuta, que legalizó sus capturas y les impuso a los hombres medida de aseguramiento en prisión, mientras que a la mujer, domiciliaria, por su condición actual de madre lactante.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que los procesados, que operaban desde el 2013 bajo la empresa Cobra Segura, lograron obtener, según estas denuncias, un total de $800 millones, cifra que podría aumentar considerablemente en razón a que existirían más afectados, quienes aún estarían esperando a que les entreguen un inmueble.
César Rojas, director seccional de Fiscalías, calculó que la estafa podría alcanzar los $1.800 millones, entre otros 15 a 20 casos conocidos.
El funcionario agregó que las víctimas se percataban de la estafa al transcurrir el tiempo y ser tratadas con evasivas con el propósito de alargar la espera.
De acuerdo a la investigación, Maura Yolanda se hacía pasar como abogada y con sus cómplices decía tener influencias con jueces y secretarios de despachos, donde supuestamente tramitaban los remates de los inmuebles. Las casas y apartamentos las mostraban y advertían a los compradores que no podrían ingresar, solo verlos por fuera.
“En estos casos, los ciudadanos deben consultar con abogados reconocidos o ante la oficina de Instrumentos Públicos para no caer en esta modalidad de estafa”, señaló el funcionario.
La Fiscalía pidió una condena de hasta 24 años de prisión para los vinculados a esta red delincuencial, de la cual, se estima que son más integrantes y actúan en toda el área metropolitana.
“Como vemos, estas personas ilusionadas por la adquisición más económica de un inmueble, entregaron altas sumas de dinero producto de sus ahorros y créditos a terceros, los cuales fueron apropiados por los capturados, causando grave perjuicio para las víctimas”, indicó la Fiscalía al término de la audiencia, a la cual acudieron buena parte de las víctimas.
Tras meses de seguimiento a nueve denuncias, instauradas ante la Fiscalía, los investigadores capturaron a los primeros responsables por estos hechos.
Se trata de los hermanos Maura Yolanda Jaimes Arias, de 36 años; Américo Yesid, de 22, y Edgar Edmundo, de 30, además de Freddy Armando Sanabria Castañeda, detenidos por orden judicial para que respondan por estafa y enriquecimiento ilícito.
Los aprehendidos fueron presentados ante un juez de control de garantías de Cúcuta, que legalizó sus capturas y les impuso a los hombres medida de aseguramiento en prisión, mientras que a la mujer, domiciliaria, por su condición actual de madre lactante.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que los procesados, que operaban desde el 2013 bajo la empresa Cobra Segura, lograron obtener, según estas denuncias, un total de $800 millones, cifra que podría aumentar considerablemente en razón a que existirían más afectados, quienes aún estarían esperando a que les entreguen un inmueble.
César Rojas, director seccional de Fiscalías, calculó que la estafa podría alcanzar los $1.800 millones, entre otros 15 a 20 casos conocidos.
El funcionario agregó que las víctimas se percataban de la estafa al transcurrir el tiempo y ser tratadas con evasivas con el propósito de alargar la espera.
De acuerdo a la investigación, Maura Yolanda se hacía pasar como abogada y con sus cómplices decía tener influencias con jueces y secretarios de despachos, donde supuestamente tramitaban los remates de los inmuebles. Las casas y apartamentos las mostraban y advertían a los compradores que no podrían ingresar, solo verlos por fuera.
“En estos casos, los ciudadanos deben consultar con abogados reconocidos o ante la oficina de Instrumentos Públicos para no caer en esta modalidad de estafa”, señaló el funcionario.
La Fiscalía pidió una condena de hasta 24 años de prisión para los vinculados a esta red delincuencial, de la cual, se estima que son más integrantes y actúan en toda el área metropolitana.
“Como vemos, estas personas ilusionadas por la adquisición más económica de un inmueble, entregaron altas sumas de dinero producto de sus ahorros y créditos a terceros, los cuales fueron apropiados por los capturados, causando grave perjuicio para las víctimas”, indicó la Fiscalía al término de la audiencia, a la cual acudieron buena parte de las víctimas.
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