La
policía española detuvo en Barcelona al exrector de la universidad de Pamplona,
que estaba pedido por Colombia por un presunto delito de malversación de 300
millones de pesos (114.000 dólares).
Álvaro González Joves fue detenido la semana pasada en Barcelona, tras "numerosas gestiones para su localización", puesto que el fugitivo "extremaba las medidas de autoprotección", informó la policía española este viernes en un comunicado.
Álvaro González Joves fue detenido la semana pasada en Barcelona, tras "numerosas gestiones para su localización", puesto que el fugitivo "extremaba las medidas de autoprotección", informó la policía española este viernes en un comunicado.
El detenido era rector de la
Universidad de Pamplona en diciembre de 2006 cuando suscribió un convenio con
el gobernador del departamento de Casanare "por valor de 3.000 millones de
pesos colombianos (1,14 millones de dólares) que debían ir destinados a la
adquisición de material universitario y construcción de aulas", según la
misma fuente.
De estos fondos, el detenido habría presuntamente "malversado 300 millones de pesos destinándolos a otros fines diferentes a los establecidos en el convenio".
González Joves se encontraba huyendo desde hacía un año y medio, según la policía, que añade que las autoridades colombianas comunicaron a través de Interpol a principios de este año que había indicios de que el fugitivo se encontraba en Barcelona.
Tras su detención, González Joves fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), que ha decretado su ingreso en prisión hasta el momento de poder hacer su extradición a Colombia.
Álvaro González Joves, un capitán retirado el ejército, fue rector de la Universidad de Pamplona durante nueve años (1998 – 2007), en los que aparentemente la Universidad vivió una bonanza económica de grandes proporciones. Sin embargo, detrás de esa aparente época dorada de la institución educativa, de su boyante crecimiento en materia de construcciones y los convenios suscritos por doquier con departamentos y municipios, se escondía una realidad: el claustro estaba endeudado hasta más no poder, la educación no era de calidad y los convenios, en su mayoría suscritos sin ningún criterio, la obligaban a construir hasta cementerios o aportar capital para poder desarrollarlos.
Quizás el caso más sonado durante su rectoría, y por el cual cursa en su contra una investigación penal por peculado por apropiación, entre otros delitos, tiene que ver con los convenios 455 y 456, suscritos por en el 2006 con Whitman Erney Porras Pérez, en representación de la Gobernación del Casanare, por 37 mil millones de pesos, cuyo objeto fue la adquisición de libros para bibliotecas y la construcción de 250 salas de cómputo, que nunca funcionaron y cuyos equipos reposan hoy en una bodega de Chía (Cundinamarca).
Por esta y otras irregularidades, el exrector tendrá que responder ante la justicia.
De estos fondos, el detenido habría presuntamente "malversado 300 millones de pesos destinándolos a otros fines diferentes a los establecidos en el convenio".
González Joves se encontraba huyendo desde hacía un año y medio, según la policía, que añade que las autoridades colombianas comunicaron a través de Interpol a principios de este año que había indicios de que el fugitivo se encontraba en Barcelona.
Tras su detención, González Joves fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), que ha decretado su ingreso en prisión hasta el momento de poder hacer su extradición a Colombia.
Álvaro González Joves, un capitán retirado el ejército, fue rector de la Universidad de Pamplona durante nueve años (1998 – 2007), en los que aparentemente la Universidad vivió una bonanza económica de grandes proporciones. Sin embargo, detrás de esa aparente época dorada de la institución educativa, de su boyante crecimiento en materia de construcciones y los convenios suscritos por doquier con departamentos y municipios, se escondía una realidad: el claustro estaba endeudado hasta más no poder, la educación no era de calidad y los convenios, en su mayoría suscritos sin ningún criterio, la obligaban a construir hasta cementerios o aportar capital para poder desarrollarlos.
Quizás el caso más sonado durante su rectoría, y por el cual cursa en su contra una investigación penal por peculado por apropiación, entre otros delitos, tiene que ver con los convenios 455 y 456, suscritos por en el 2006 con Whitman Erney Porras Pérez, en representación de la Gobernación del Casanare, por 37 mil millones de pesos, cuyo objeto fue la adquisición de libros para bibliotecas y la construcción de 250 salas de cómputo, que nunca funcionaron y cuyos equipos reposan hoy en una bodega de Chía (Cundinamarca).
Por esta y otras irregularidades, el exrector tendrá que responder ante la justicia.
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