En relación con el
descubrimiento de una red que
presuntamente practicaba abortos clandestinos y traficaba con recién nacidos,
Javier Orlando Prieto Peña, director del Instituto Departamental de Salud,
indicó que la oficina de vigilancia y control de esa entidad iniciará una
inspección a la clínica La Samaritana.
Según el funcionario, la
prioridad serán los departamentos de ginecobstetricia y urgencias y se
revisarán minucio-samente todas las historias clínicas de los niños nacidos
vivos en dicho centro asistencial.
“Aunque es un tema de
Fiscalía, en nuestra visita miraremos qué posibles fallas ha tenido la
prestación de los ser-vicios y ya se establecerán cuáles son las sanciones, una
vez se determinen las responsabilidades. Nosotros actuamos en compañía del
comité de ética médica”, aseguró el funcionario, quien precisó que nunca
tuvieron denuncia alguna al respecto, así como tampoco fueron informados por la
Fiscalía.
Por estos hechos, fueron
detenidos el médico Rubén Dávila Navarro, de 57 años, y las enfermeras Nancy
Yaneth Bastos Torres, de 40, y Yasmín Alcira Muñoz, de 39. También Javier Mauricio Jaimes Leal y Raúl Antonio
Caicedo, este último de 41 años.
“Hemos establecido que la
oficina de vigilancia y control revise las condiciones de los servicios que se
vienen prestando sobre todo en el tema de maternidad segura. En el 2012 ya le
habíamos hecho una visita”, dijo Prieto Peña.
Por ahora, agregó,
mientras no se tenga un criterio para determinar el cierre de la clínica, “no
lo podremos hacer porque no estamos facultados para ello”.
Según se conoció, Dávila
Navarro es uno de los propietarios de la clínica donde se practicaban los
abortos, en sociedad con dos hermanos. Además, uno de los hombres capturados es
el esposo de una de las enfermeras detenidas.
El comandante de la
Policía de Cúcuta, coronel Jaime Barrera, explicó que la forma de actuar de
esta red consistía en atender inicialmente, en un centro asistencial del barrio
La Playa (Cúcuta), a las mujeres que deseaban abortar, para luego remitirlas a
la clínica donde se realizaban estas prácticas clandestinas.
El oficial afirmó que la
red cobraba entre $450.000 y $600.000 por un aborto. Por la venta de cada niño
recibían entre 4 y 5 millones de pesos.
Los capturados deberán
responder por tráfico de niños, obtención de documento público falso, falsedad
en documento privado y supresión, alteración o suposición de estado civil.
La situación fue expuesta
por los abogados de los procesados, quienes solicitaron una nueva asignación de
juzgado.
De La Opinión para Sucesos
No hay comentarios:
Publicar un comentario