Gladys, madre de la
cucuteña Jennifer Rojas Pedroza, quien fue detenida en Venezuela por una compra
de $30.000 en el supermercado Garzón de San Cristóbal (Venezuela), dijo que no
descansará hasta lograr la libertad de su hija.
Jennifer, de 23 años, fue
detenida el pasado 13 de septiembre, junto a su amiga Belsy Álvarez Villamizar,
de 40, ambas vendedoras informales de ropa interior y minutos en el sector de
la calle 9 con avenida 6 en el centro de Cúcuta.
“Ellas salieron temprano a
hacer las compras y dijeron que regresaban temprano porque iban a vender espuma
en la noche en el concierto del Tsunami Vallenato que se realizaría en Cúcuta.
A las 10:45 me llamó a decirme que estaba presa por parte de la Guardia
Nacional en el Core1 de San Cristóbal”, señaló Gladys.
Ese día, también fue
capturada Greily Parada, de 22 años,
cajera del supermercado, por
presuntamente ser cómplice necesaria, en
el delito de contrabando de extracción.
“Ella pagó 1.400 bolívares
por galletas, jabones, pastas y una crema cuando llegó la Guardia y la subieron
a una camioneta, pero luego las hicieron devolver y les facturaron el doble de
lo que había comprado”, denunció la madre.
Desde entonces, asegura
que su vida ha sido un tormento. Al día siguiente, viajó indocumentada a
Venezuela y pudo verse con su hija, acompañándola por tres días, sin cambiarse
la ropa.
Luego regresó a Colombia y
con el apoyo de Rocío Valencia, presidenta de la asociación sindical de
vendedores informales de Cúcuta, han empezado a tocar puertas para que las
escuchen.
“El martes, hicimos un
plantón frente al consulado de Venezuela en Cúcuta, pero no nos atendieron. Un
funcionario nos dijo que el embajador le había dado la orden al cónsul de que
no diera declaraciones a familiares, ni a medios de comunicación y que
pasáramos un oficio diciendo que era lo que queríamos”, señaló Rocío Valencia.
Sin embargo, la lucha no
ha terminado. Ayer visitaron diferentes dependencias de la Gobernación de Norte de Santander y han
puesto el caso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Cancillería
Colombiana.
“El delito por el que
acusan a mi hija es de 10 a 14 años de prisión y los abogados allá me piden que
reúna al menos $3 millones y yo no tengo de donde pagar”, agrega Gladys.
Mientras tanto, el hijo de
Gladys, de 5 años, permanece bajo el cuidado de su padre y a la espera de su
retorno. Igual situación enfrentan los dos hijos de Belsy, de 7 y 5 años,
quienes están bajo custodia de una cuñada, pues sus parientes cercanos residen
en Bucaramanga.
“Mi hija está ahora en la
cárcel de Santa Ana. Ella me llama y me dice que le duele una muela y que la
saque de allá… eso y la impotencia me
parten el corazón”, agrega Gladys, quien por ahora consiguió el dinero para
sacar el pasaporte y poder volver a visitar a su hija.
La audiencia se
ejecutó en el Tribunal Sexto de Control
del estado Táchira, instancia que a solicitud del Ministerio Público decretó la
privativa de libertad contra las tres mujeres.
Según las autoridades del
vecino país, los productos que las mujeres compraron presuntamente pretendían traerlos de
contrabando a Colombia, para la reventa.
De La Opinión para Sucesos
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