Pese al trabajo de una
agente encubierta y una exhaustiva investigación de la Sijín, que develaron una
red que presuntamente practicaba abortos ilegales y vendía bebés desde hace 20
años, hoy los cinco capturados gozan del beneficio de detención domiciliaria.
El pasado 29 de mayo, el
Juzgado Primero Penal Municipal, con función de garantías ambulante, a quien le
correspondió la audiencia de legalización de las capturas e imputación de
cargos, concedió dicho beneficio a Raúl Antonio Caicedo Chinome y Javier Mauricio
Jaimes Leal.
Sin embargo, envió a
prisión al médico Rubén Dávila Navarro y a las enfermeras Yasmin Alcira Muñoz
Celis y Nancy Yaneth Bastos Torres.
La Fiscalía les imputó los
delitos de tráfico de niños, niñas y adolescentes, obtención de documento
público falso, falsedad en documento privado y suspensión, alteración o
suposición del estado civil.
Esta semana, el Juzgado
Quinto Penal, con funciones de control de conocimiento, resolvió una apelación
a la medida de aseguramiento en prisión, interpuesta por los abogados del
médico y las enfermeras, cambiando el encarcelamiento por la casa por cárcel,
al considerar que no fue debidamente sustentado el por qué los procesados
debían permanecer en prisión.
Así las cosas, los cinco
capturados, señalados por delitos graves que involucran a menores de edad,
seguirán vinculados al proceso judicial, pero desde sus casas y con el
compromiso de presentarse a cada una de las audiencias citadas en el Palacio de
Justicia. En caso de fuga, podrían expedirles órdenes de captura o los hechos
quedarían en la impunidad.
Las pacientes,
presuntamente, eran llevadas a la Clínica La Samaritana, donde les practicaban
los abortos ilegales.
La historia
Tanto el médico como las
dos enfermeras y los dos colaboradores son señalados por las autoridades de
integrar esta red, que tendría como epicentro delictivo una unidad médica
ubicada en el barrio La Playa, y a la Clínica La Samaritana, en Los Patios,
donde practicaban los abortos ilegales.
El coronel Jaime Alberto
Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que la
red cobraba entre $450.000 y $600.000 por un aborto. Por la venta de cada niño
recibían entre 4 y 5 millones de pesos.
“Buscamos determinar las
condiciones en que se registrarían los abortos clandestinos, que alcanzarían
los 15 casos semanalmente”, dijo entonces
el oficial.
El coronel Barrera sostuvo
que el primer paso, bien fuera para abortar o para negociar el bebé que estaba
por nacer, era ir a una consulta con el médico Dávila.
“Las mujeres llegaban
hasta el consultorio del médico y él las remitía a una clínica en Los Patios.
En ese centro asistencial llevaban a cabo los abortos si la gestación era
inferior a cuatro meses. Si el embarazo superaba esa etapa, el médico y las enfermeras
negociaban la prolongación del embarazo, bajo supervisión, para vender al bebé
una vez naciera”, explicó.
El oficial indicó que en
este tiempo, la madre recibía los cuidados médicos necesarios a cargo de estas
personas, quienes suministraban medicamentos para la maduración pulmonar de los
bebés y garantizar así su normal nacimiento a los siete meses.
De La O para Sucesos
No hay comentarios:
Publicar un comentario