El presidente Juan Manuel
Santos objetó este jueves el proyecto de ley que buscaba que las madres
comunitarias del ICBF fueran vinculadas como trabajadoras formales del Estado
con contratos a término indefinido.
Con la ley que el Congreso
aprobó en el pasado periodo ordinario de sesiones se pretendía que las madres
comunitarias (cerca de 500.000) tuvieran también derecho a salud, pensión y
accedieran a procesos de formación educativa.
Esta es una discusión de
varias décadas en la que han intervenido los líderes políticos que defienden
esta causa, el Congreso, el Gobierno y los jueces.
Esta práctica comenzó en
1986 en Bogotá, por iniciativa de líderes políticos locales.
La principal razón que
argumentó el Gobierno para objetar la ley es que su puesta en marcha implicaría
habilitar recursos presupuestales nuevos por unos 769.000 millones de pesos al
año.
La Constitución establece
que las leyes o actos legislativos que impliquen cargas presupuestales son de
iniciativa del Gobierno. O por lo menos, deben contar con su apoyo.
La Corte Constitucional
advirtió que las madres comunitarias deben ser protegidas por el Estado.
La decisión del Gobierno
de objetar esta ley reabre el debate sobre el nivel de protección estatal que
deben tener estas cerca de 500.000 mujeres en todo el país.
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