El pasado jueves venció el
plazo para que las familias que aún permanecen en el albergue unificado
presentaran la solicitud para arriendo, de las cuales sólo faltan seis familias
en condición especial para que terminen este proceso.
Sin embargo, muchas de las
personas que han salido del albergue advierten que sus arrendatarios no han
recibido el pago y que ya comienzan a tener problemas en los lugares donde
están.
“Las ayudas no nos están
llegando a los que nos fuimos para otras casas, en la Cruz Roja nos dicen
'anótese aquí que nosotros la llamamos' y nunca nos llaman, ellos nos están
mintiendo”, denunció Aminta Pérez, una de las deportadas.
Mientras tanto, el alcalde
de Cúcuta, Donamaris Ramírez, dijo que cuando comienza una nueva fase se debe
trabajar coordinadamente entre el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal,
“Es un compromiso de todos, acá el municipio solo, no va a recibir toda la
responsabilidad de lo que nos ha dejado el cierre de la frontera”, puntualizó
el alcalde de Cúcuta.
Ante la cantidad de
problemas frente a esta situación, la Defensoría Regional del Pueblo organizó
para este martes una jornada especial de recepción de quejas, de los deportados
para tratar de atender y direccionar las ayudas para esta población.
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