Un nuevo episodio apareció
ayer en la novela de la elección del director de Corponor con la denuncia penal
que hizo el gobernador, Édgar Díaz, contra el alcalde de Villa del Rosario,
Carlos Socha en la Fiscalía, mientras se esperaba la anunciada demanda del alcalde contra el
mandatario departamental por supuestamente haber pagado una suma de dinero al
alcalde de San Calixto, Jairo Pinzón.
Según se conoció en medios
de comunicación nacionales, la procuradora delegada, María Eugenia Carreño,
acogió la denuncia verbal hecha la semana pasada por el alcalde Socha sobre el
presunto pago de un soborno de $300 millones, de parte del gobernador al
alcalde de San Calixto, Jairo Pinzón, para que este votara en contra de Luis
Lizcano, actual director de la entidad ambiental.
La procuradora declaró que
está a la espera de la denuncia penal pertinente la cual está en proceso de
consolidación, pues Socha afirmó que está recopilando las pruebas para
demostrar que sus sospechas son ciertas.
“No me consta lo de la
plata, pero las fuentes que lo afirman son muy confiables, y las cosas pasaron
de forma muy evidente”, dijo el mandatario.
Entre tanto, el gobernador
radicó una denuncia penal contra Socha por el delito de injuria y calumnia,
argumentando que se le acusó con informaciones “falsas, malintencionadas e
inoportunas”.
Díaz, que ya había
rechazado públicamente las declaraciones del alcalde, dijo que responderá todos
los requerimientos del ente del control porque “así quedará claro quién está
mintiendo en todo este proceso”.
Por su parte, Socha dijo
que no tiene ningún temor de esta demanda, y que responderá de la misma manera.
El porqué del conflicto
El origen del problema
radica en que, en principio, no había calridad sobre si los excontralores
tienen la experiencia requerida para cumplir con las funciones de la dirección.
Estas dudas, provenientes
de las observaciones efectuadas en el proceso, fueron ratificadas por la
procuradora delegada y por ello el Consejo directivo de Corponor solicitó dos
conceptos que aclararan la situación.
Uno se envió al
Departamento Administrativo de la Función Pública, y el otro, a la Contraloría
General de la República.
Esta semana se conocieron
ambas respuestas y, aunque la primera afirma que los contralores no tienen la
experiencia adquirida, y la segunda que sí la acreditan, vale decir que ninguno
de los conceptos es obligante para el Consejo.
Esta circunstancia ya ha
sido aclarada por el gobernador Díaz, presidente del Consejo directivo, quien
ha manifestado que este organismo es autónomo en sus decisiones.
En este sentido, los
estatutos del mismo definen la discrecionalidad para designar al director,
aunque el temor por las represalias anunciadas por la procuradora, son
inocultables.
“Al final del proceso se
dijo que si algún miembro del Consejo
votaba por alguna de las tres hojas de vida en cuestión, debería iniciar
las investigaciones disciplinarias, y eso amedrenta a cualquiera”, refirió el
gobernador.
Así mismo, se ha aclarado
que el hecho de que los contralores hayan cumplido esta actividad no es una
situación inhabilitante para que se dé su participación.
Sin embargo, de los cuatro
años de experiencia solicitada, sí es de obligatorio cumplimiento que uno estos
sea en actividades relacionas con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
Por su parte, se conoció
ayer una respuesta del ministerio del Medio Ambiente remitida al Consejo
directivo, en la que se da respuesta a inquietudes relacionadas con la votación
realizada el 29 de octubre, día en el que los 12 miembros eligieron pero el proceso
terminó en empate.
En la misiva, el ministro,
Gabriel Vallejo manifiesta que la votación de Luis Alberto Giraldo, delegado de
la entidad, por el aspirante Gregorio Angarita, se hizo porque el postulante
cumplía con los requisitos exigidos.
De hecho, esto se puede
corroborar, dice el documento, en la lista admitida por la plenaria del
Consejo, incluso con la presencia de la procuraduría regional.
Para tener en cuenta
El Consejo de Estado, en
algunas sentencias referidas a la elección de directores de las corporaciones
autónomas regionales, ha emitido sentencias por similares conflictos, en
Bucaramanga y Risaralda.
En el primer caso, una de
las conclusiones afirma que las contralorías territoriales elaboran estudios
anuales sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente, y
asesoran a las entidades territoriales para prevenir posibles daños ambientales
y crear una cultura de respeto por el ambiente, como política pública que debe
imponerse.
“De consiguiente, para los
contralores, el manejo ambiental se convierte en una ocupación fundamental,
permanente y principal que, en consecuencia, permite acreditar la experiencia
relacionada”.
El próximo miércoles, se
espera culminar este capítulo para conocer cuál fue la elección democrática de
los miembros del Consejo directivo de la Corporación.
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