‘Pinocho’ aceptó ser jefe financiero de Los Rastrojos

Dairo Antonio Raigoza Maya aceptó haber sido comandante urbano de Los Rastrojos en Puerto Santander y jefe financiero en Cúcuta, lo que le representó una rebaja del 50 por ciento en la pena.

Raigoza Maya, conocido como ‘Pinocho’, fue detenido en febrero de 2013 junto a cinco hombres y una mujer, señalado por la Policía de tener bajo su mando a los demás capturados.

Las autoridades le hallaron a los aprehendidos siete kilos de base de coca y un kilo de cocaína, que estaban listos para ser distribuidos en diferentes ‘ollas’ de la ciudad.

Para entonces, el coronel Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que al verificar los registros judiciales encontraron que ‘Pinocho’ tenía antecedentes en 2009, 2010, 2011 y 2012, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, concierto para delinquir y secuestro simple.

“Este es otro golpe que le damos a las bandas criminales en Cúcuta. Por eso invitamos a la comunidad a que siga denunciando”, señaló el oficial.

Nueva imputación

El 22 de mayo del mismo año y estando en prisión, ‘Pinocho’ fue notificado por nuevos cargos. Esta vez, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado (con fines para cometer homicidios y tráfico de sustancias estupefacientes) y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso personal.

Según la Fiscalía, ‘Pinocho’ estaba encargado de las extorsiones a supermercados y gasolineros, labor delincuencial para la cual utilizada una pistola calibre 9 milímetros.

Por estos cargos, Raigoza Maya fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías ambulante, sin que se allanara a los cargos.

Sin embargo, en vista del contundente material probatorio en su contra, cambió de decisión y llegó un preacuerdo con la Fiscalía acogiéndose a sentencia anticipada.

Dicho preacuerdo fue aprobado ayer por un juzgado especializado de Cúcuta que lo condenó a 8.5 años de prisión y a pagar una multa de 2.025 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

“Los elementos materiales probatorios son suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable las conductas que venía desplegando el implicado relacionadas con comandar una organización dedicada a ejecutar homicidios y traficar con estupefacientes utilizando para su desempeño armas de fuego”, señaló el juzgado en su decisión.