Una llamada a la Policía
alertando sobre la presencia de un domiciliario en el parque principal del
barrio San Luis, quien al parecer transportaba armas para el grupo
delincuencial del Clan Úsuga, resultó ser cierta y le costó 9 años y 6 meses de
cárcel a Elio Becerra Miranda.
El hombre, conocido como
‘Becerro’ y quien aceptó los cargos, fue detenido el 30 de abril de este año
por uniformados de 1a Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en desarrollo
de la Operación Zafiro, lanzada contra esta banda criminal.
“Al requisarlo, los
uniformados encontraron dentro del cajón de la moto una funda de almohada que
en su interior contenía una bolsa plástica con 9 proveedores metálicos para
fusil 5.56 milímetros, para un total de 270 cartuchos”, señaló la Fiscalía.
Según se conoció, el
detenido trabajaba al servicio de alias Andrea, jefa financiera del grupo
delincuencial en los barrios La Libertad y San Luis.
Becerra Miranda fue
presentado ante un juzgado, con función de control de garantías, que legalizó
su captura y le impuso medida de aseguramiento en prisión. La Fiscalía le
imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones
de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, sin que se allanara a los
cargos.
Preacuerdo
Ante la captura en
flagrancia y las pruebas en su contra, Becerra optó por llegar a un preacuerdo
con la Fiscalía que consistió en una rebaja del 12.5 por ciento en la pena a
cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos.
Dicho preacuerdo fue
aprobado ayer por un juzgado de Cúcuta que lo sentenció sin beneficios de casa
por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena.
“Se trata de acciones
lesivas de orden legal que atentaron contra los bienes jurídicos de la
comunidad, sin que se evidencie que concurrió alguna causal eximente de
responsabilidad. Así lo acordó Becerra Miranda con la Fiscalía al declararse
culpable del delito imputado”, señaló el juzgado en su decisión.
Al término de la
audiencia, Becerra Miranda, de 44 años, natural de Ragonvalia y quien residía
en la invasión La Fortaleza, quedó a disposición del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) que definirá la prisión donde deberá purgar
la pena impuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario