Decenas de ciudadanos
colombianos que residen en esta población y que se encuentran en situación
ilegal en la zona limítrofe venezolana,
están acudiendo al Consulado de Colombia en San Antonio para solicitar
pasaporte o apostillar el Certificado Judicial,
documentos que, además de la cédula de ciudadanía, les permitirá
identificarse ante las autoridades venezolanas y demostrar que no tienen
problemas con la justicia de su país de origen.
Según se pudo conocer, la demanda de este tipo de documentos
colombianos se incrementó de manera
masiva, luego que el general Carlos
Martínez, autoridad única para la Zona de Seguridad Fronteriza I, donde rige el estado de excepción, manifestara
públicamente que por el momento no habrá más deportaciones y que los
extranjeros en condición ilegal que viven y trabajan en la frontera
venezolana, pueden salir de sus casas y
cumplir normalmente con sus actividades mientras se estudia su situación.
Como medida de precaución,
los centenares de ciudadanos colombianos que
se encuentran en situación ilegal
y que habitan en el municipio Bolívar, están acudiendo al Consulado de
Colombia en San Antonio, para tramitar
el pasaporte fronterizo, otros la cédula
de ciudadanía y también para apostillar
el Certificado Judicial, cuya
planilla la descargan
gratuitamente ingresando a la
dirección
http://antecedentes.policia.gov.co.
La alta demanda de estos
documentos ha congestionado durante los
últimos dos días la sede del Consulado neogranadino,
pues la gente madruga a hacer la fila en las afueras, con el fin de
realizar el trámite respectivo.
“Con la cédula y el pasaporte colombianos estamos plenamente identificados, y el pasado
judicial demuestra que no tenemos ningún problema con la justicia. Eso nos sirve para identificarnos ante la Guardia Nacional, el Ejército o la Policía que
son los que están haciendo operativos aquí en San Antonio”,
expresó un ciudadano colombiano, mientras hacía la fila para tratar de
entrar al Consulado.
En los municipios
fronterizos del estado Táchira y principalmente en Bolívar y Pedro María
Ureña, donde rige el estado de
excepción decretado por el Gobierno venezolano,
habitan miles de ciudadanos
colombianos, que a pesar de tener 10, 20, 30, 40 años viviendo en estas poblaciones, no han
regularizado su permanencia en el país.
La mayoría de ellos tiene familia
con hijos, nietos y biznietos venezolanos.
Con las medidas aplicadas
por el Gobierno venezolano, al deportar
a más de mil y motivar la salida de otro número significativo de colombianos
que se encontraban en situación ilegal
en San Antonio del Táchira, muchos otros
extranjeros que están en
condición similar se sintieron
temerosos y no salieron de sus
casas, ni acudieron a sus sitios de trabajo por temor a ser detenidos y deportados hacia Colombia, después de tener años viviendo en la frontera
venezolana.
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