El gobierno del presidente Juan Manuel Santos
tomó nota este sábado de las denuncias sobre corrupción en la Corte
Constitucional y le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes sentar un precedente sancionando a los responsables. Los
hechos de corrupción en el máximo ente constitucional tienen que ver con dos
magistrados de extracción uribista: Mauricio González y Jorge Pretelt. González
denunció que Pretelt pretendía cobrar una coima de 500 millones de pesos para
fallar una tutela a favor de Fidupetrol.
El ministro de la Presidencia, Néstor
Humberto Martínez, a nombre del presidente Santos, quien se encuentra en
España, le dirigió una carta a Julián Bedoya, presidente de la Comisión de
Acusaciones, pidiéndole que “se adelante con decisión y de manera inmediata la
indagación correspondiente, para que en breve término pueda esclarecerse lo
acontecido y se preserve la integridad de la Corte Constitucional”.
El tema no es menor tomando en cuenta que la
Corte Constitucional es uno de los entes judiciales más respetados del país.
La denuncia de González se basa en una
versión del abogado Víctor Pacheco en la que afirma que se reunió con el
magistrado Pretelt en su residencia en el norte de Bogotá y allí le pidieron
500 millones de pesos para que la Corte fallara a favor de Fidupetrol, firma
que él representaba, en una tutela que pretendía tumbar un fallo de la Corte
Suprema.
El actual presidente de la Corte manifestó
que lo que dice el abogado Pacheco no corresponde a la verdad y que él mismo le
pidió a la Comisión de Acusación que verifique la transparencia de sus actos.
“La mejor prueba de mi honestidad es que,
como lo ha reconocido el doctor González, nunca intenté acercarme a él para
hablar de este caso, y que fui el primero que apoyó su ponencia, que negaba la
tutela”, aseguró.
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