Edwin Andrey Torres
Saravia prefirió aceptar los cargos y acogerse a sentencia anticipada antes que
ir a un juicio, considerando que fue detenido en flagrancia, armado y cobrando
cuotas extorsivas a comerciantes informales del mercado de la Antigua Sexta.
Su decisión la dio a
conocer ante el Juzgado Segundo Penal Municipal, con funciones de control de
garantías, tras ser capturado el pasado 28 de julio en el barrio Latino. La
Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y
municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Por este camino, Torres
Saravia, natural de Cúcuta, recibió una rebaja del 12,5 por ciento en la pena.
Esta semana, un juzgado de Cúcuta aprobó el allanamiento a cargos y lo condenó
a 9 años, 7 meses y 15 días de prisión.
Los hechos
Aquel día, la Policía
recibió una llamada de la ciudadanía en
la que informaban que en la esquina de la calle 7 con avenida 6 del centro de la ciudad se encontraba un
joven que tenía un bolso pequeño, blanco, terciado, dentro del cual escondía un
arma de fuego y estaba cobrando cuotas extorsivas.
Al llegar al sitio
indicado, los policías lo ubicaron y le
solicitaron una requisa, a la cual, intentó poner resistencia. Luego hallaron
en el bolso que llevaba una pistola con silenciador marca Walter, calibre 7.65,
con seis cartuchos, además de otro proveedor con cinco cartuchos.
En un comunicado de
prensa, la Policía metropolitana señaló que el detenido hacía parte del
Ejército Paramilitar Nortesantandereano (Epn), grupo que se constituye en un
brazo armado al servicio del Clan de los Úsuga, antiguos Urabeños.
“Al parecer, recolectaba
los pagos de dinero de algunos comerciantes y efectuaba labores de sicariato
para la estructura criminal”, reportó la Policía.
Según determinó un
profesional en balística de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) la
pistola, sin permiso para porte o tenencia,
estaba en buenas condiciones para ser disparada.
“Se trata de una acción
lesiva de orden legal que atentó contra el bien jurídico de la seguridad
pública sin que se evidencie que concurrió alguna causal eximente de
responsabilidad. Así lo aceptó Torres Saravia en la audiencia de formulación de
la imputación donde admitió su autoría en el acontecimiento materia de pronunciamiento”,
señaló el juzgado en su decisión.
Al término de la
diligencia en el Palacio de Justicia, Torres Saravia quedó a disposición del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que definirá la cárcel
donde deberá purgar la pena impuesta.
En el proceso no fue materia de debate
procesal la relación del condenado con la banda criminal, así como tampoco la procedencia
del arma.
De La Opinión para Sucesos
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