La
Fiscalía concluyó que no existen elementos para considerar que por las
actuaciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el colapso de basuras que
se presentó en el 2012 se hayan cometido delitos, razón por la que archivó esa
investigación. El ente acusador archivó la actuación por los delitos de
contratos sin el lleno de requisitos legales, concierto para delinquir, interés
indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
La decisión beneficia al alcalde Gustavo Petro; a Diego Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, y a Henry Romero, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp).
Frente a esta decisión el mandatario de la ciudad celebró en su cuenta de Twitter la determinación de la Fiscalía y dijo: “Archivo de la investigación penal contra mi es un triunfo de toda Bogotá, de la Bogotá democrática y progresista. De la justicia y la democracia”.
Agregó que “Esto demuestra que había intereses no tan ocultos en el complot contra el nuevo esquema de aseo que pusimos en marcha en Bogotá”.
El procurador, Alejandro Ordóñez, afirmó que respeta las decisiones de la justicia pero aclaró que estas no afectan los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público.
La decisión beneficia al alcalde Gustavo Petro; a Diego Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, y a Henry Romero, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp).
Frente a esta decisión el mandatario de la ciudad celebró en su cuenta de Twitter la determinación de la Fiscalía y dijo: “Archivo de la investigación penal contra mi es un triunfo de toda Bogotá, de la Bogotá democrática y progresista. De la justicia y la democracia”.
Agregó que “Esto demuestra que había intereses no tan ocultos en el complot contra el nuevo esquema de aseo que pusimos en marcha en Bogotá”.
El procurador, Alejandro Ordóñez, afirmó que respeta las decisiones de la justicia pero aclaró que estas no afectan los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público.
Otros investigados
Aunque el ente acusador archivó la investigación en contra del alcalde Petro, concluyó que sí existen elementos materiales probatorios para imputar cargos por el delito de prevaricato por acción contra otros funcionarios del Distrito. En especial contra Nelly Mogollón, exdirectora de la Uaesp, por declarar la urgencia manifiesta en diciembre de 2012 sin existir los requisitos necesarios para que esa figura fuera necesaria. Así mismo, a Carlos Rojas, exsubdirector de Asuntos Legales de la Uaesp, se le imputará el delito de prevaricato por acción por las limitaciones que este funcionario impuso al libre acceso al relleno sanitario Doña Juana.
“La Fiscalía también archivó la investigación frente al supuesto complot de operadores privados contra la administración Distrital y las presuntas irregularidades en la falta de devolución de los camiones por parte de dichos operadores, se estableció que pese a lo dicho por algunos testigos aquí no se presentó ningún complot”, afirmó el vicefiscal Jorge Perdomo.
Perdomo también dijo que investigarán penalmente por el delito de falso testimonio a los contratistas Manuel Sánchez y Emilio Tapia en virtud de las graves inconsistencias en que incurrieron sobre el supuesto complot de operadores privados en el servicio de aseo.
La investigación también arrojó que la ausencia de recolección de basuras durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 no generó contaminación ambiental en los términos del Código Penal.
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