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Una investigación,
iniciada en marzo de este año, terminó con la expedición de cinco órdenes de
captura por parte de la Fiscalía en contra del gerente del Centro de
Diagnóstico Automotriz de Villa del Rosario (CDA), el gerente de la empresa de
transporte público Coomicro, dos directores técnicos del CDA y un gestor,
acusados de los delitos de falsedad ideológica, concierto para delinquir,
extorsión y constreñimiento ilegal.
Según uno de los
investigadores que participó activamente de todo el proceso, la operación se
inició luego de que un grupo de ciudadanos se quejara por el mal estado en que
se encuentran muchos de los vehículos de servicio público que a diario recorren
las calles de la ciudad y su área metropolitana.
“Coincidió además que,
luego de esta denuncia y estando en las instalaciones de la Policía de
Tránsito, un grupo de uniformados fue testigo de cómo a una buseta se le partió
la transmisión en plena vía pública y con un número significativo de pasajeros
a bordo. Cuando le revisaron los papeles al vehículo, se dieron cuenta de que
la revisión tecnomecánica había sido expedida un mes atrás por el CDA de Villa
del Rosario”, contó el investigador.
Haciendo seguimientos a
los vehículos de servicio público que hacían uso de este centro de diagnóstico
y personal encubierto vigilando las instalaciones del mismo, día y noche, se
pudo comprobar cómo las busetas de la empresa Coomicro llegaban, inclusive en
la madrugada, a buscar los certificados técnico mecánicos sin someter los
carros a los procedimientos estandarizados para su revisión.
“Hasta el momento lo que
se ha podido establecer es que, a través de un gestor (capturado), los
conductores de las busetas, además de pagar el valor de la revisión técnico
mecánica, adjuntaban $50.000 más para que el certificado, independientemente
del estado real del vehículo, saliera aprobado”, sostuvo el investigador.
Una de las pruebas que
pudieron recolectar los investigadores da cuenta de cómo en algunos
certificados la foto que se le tomaba a las busetas a la hora de llegar a
realizarse la certificación salía con una fecha y el certificado con otra.
“Esto, según hemos podido
establecer, es imposible, pues el software que realiza la revisión hace todo de
una vez, es decir, en el momento en que toma la foto es porque está haciendo la
revisión. Por tal razón, la foto y la certificación deben coincidir en hora y
fecha, algo que, en los casos que
documentamos, no se da”.
La investigación logró
establecer que, al menos en 160 casos (igual número de busetas), la
certificación se expidió de manera fraudulenta, es decir, sin que los vehículos
estuvieran en las condiciones óptimas que exige el software para aprobar la
revisión.
“Hasta el día de ayer
(miércoles), habíamos realizado dos capturas, la de uno de los directores
técnicos del CDA y el gestor que mediaba entre la empresa Coomicro y los
empleados del centro de diagnóstico. Estábamos pendientes de hacer las otras
tres o a la espera de que las personas a las que se les expidió orden de
captura se presentaran voluntariamente en la Fiscalía”, finalizó diciendo el
investigador.
Un vocero de Coomicro
sostuvo que no se iban a pronunciar hasta tanto los abogados de la empresa no
determinaran de qué manera se iba a afrontar la situación. Por su parte, una
empleada del CDA dijo que en las próximas horas esa empresa iba a emitir un
comunicado aclarando los señalamientos de la Policía.
De La Opinión para Sucesos
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