Los señalamientos directos
de compañeros de ilicitud del autodenominado Ejército Paramilitar
Nortesantandereano (EPN), disidente de los Urabeños, dejaron al descubierto las
funciones y roles que cumplían tres de sus más fieles hombres, quienes
prefirieron aceptar los cargos, antes que ir a un juicio donde todas las
pruebas apuntaban en su contra.
Se trata de Omar Botello
Rojas, de 42 años, natural de Sardinata; Miguel Antonio Gómez Ortiz, Gallineto,
de 22, y José Emilio Torres Herrera, de 34, ambos de Villa del Rosario,
capturados junto a otros dos hombres y dos mujeres, el pasado 12 de marzo.
Siete más de sus
integrantes, recluidos en cárcel de Cúcuta, fueron notificados por nuevos
delitos.
Las labores investigativas
y el manejo de fuentes humanas adelantadas por efectivos de la Seccional de
Investigación Criminal (Sijín) y el Grupo de Acción Unificada para la Libertad
Personal (Gaula), conjuntamente con la Fiscalía 67 Especializada contra las
bandas criminales, permitieron aportar material probatorio que conllevó a la
expedición de las órdenes de captura por concierto para delinquir y extorsión.
Delatados
Los datos aportados a la
Fiscalía por miembros de la misma
organización coincidían en que Omar Botello era el comandante de la
organización en el municipio de Villa del Rosario para diciembre de 2012 y posteriormente se
desempeñó como financiero de la misma.
Según el ente
investigador, el rol de Miguel Antonio consistía en avisar los movimientos de
la Policía para que pudieran cometer los homicidios, así como vigilar las
zonas, transportar armas y movilizar a los integrantes de la organización. José
Emilio se desempeñaba como sicario.
El hombre que sería el
cabecilla principal del Epn, identificado como José Reinaldo Lizarazo Rojas, de
30 años, capturado en febrero pasado, fue notificado en prisión por estos
nuevos delitos.
Según las autoridades, desde
el interior del centro reclusorio, seguiría dando órdenes para la comisión de
actividades ilegales y la obtención de finanzas para la organización.
Tras la captura masiva, la
Policía Metropolitana informó que los detenidos se dedicarían al cobro de exigencias
económicas a comerciantes, personas y organizaciones ilegales dedicadas al
contrabando de mercancías de procedencia extranjera.
“Este grupo armado que
estaría camuflándose en los municipios de Villa del Rosario, Puerto Santander,
Los Patios, El Zulia y Cúcuta, también estaría detrás de la coordinación y
ejecución de homicidios selectivos y sicariatos, y el tráfico de armas de fuego
ilegales, actuaciones delictivas con las que buscaban fortalecer su presencia y
control en el territorio fronterizo”, señala el comunicado.
Preacuerdo
En vista del contundente
material probatorio, los abogados de los tres hombres decidieron llegar a un
preacuerdo con la Fiscalía que consistió en recibir una rebaja del 50 por
ciento en la pena a cambio de aceptar su culpabilidad por concierto para
delinquir.
Dicho preacuerdo fue
aprobado esta semana por un juzgado de Cúcuta que condenó a Miguel Antonio y
José Emilio a cuatro años de prisión y seis a Omar Botello Rojas, por tratarse
de un comandante. Ninguno de los tres recibió beneficios de casa por cárcel o
suspensión condicional de la ejecución de la pena.
“En cuanto a la
responsabilidad de los procesados, obra el señalamiento directo de miembros de
la citada organización delincuencial, quienes fueron enfáticos en señalar que
conocieron a los acusados indicando el rol que desempeñaban en la empresa
criminal, que no es otro que el de sicariato, financiero y colaborador…”,
señala la sentencia condenatoria.
Los supuestos homicidios
en que los tres hombres habrían participado a nombre de la organización, entre
ellos el de Carlos Sandoval Delgado, Papo, perpetrado en noviembre de 2012 en
el barrio San Judas (Villa del Rosario), no fueron materia de debate probatorio
en este proceso.
De La Opinión para Sucesos
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