Haber
cambiado la ruta de destino de entrega de un cargamento con cetona (precursor
químico utilizado en la elaboración de narcóticos) fue el delito por el cual un
juzgado de Cúcuta condenó a cuatro años de prisión a Pablo Emilio Cichaca
Chávez, de 50 años.
Los hechos se registraron el 7 de agosto de 2013 cuando unidades de la Seccional de Tránsito y Transportes del Departamento de Policía en Norte de Santander interceptaron dos camiones que se movilizaban por el sector Aguas Claras de la vía que de Ocaña comunica con Convención.
Uno de los automotores, era conducido por Pablo Emilio y el otro por su hermano José Antonio, en los cuales las unidades policiales encontraron 10 canecas metálicas con 550 galones de cetona, valuada en $27 millones.
Para entonces, el coronel Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía en el departamento, informó que el procedimiento se dio por los datos aportados por integrantes de la red de apoyo para la prosperidad sobre el movimiento de los camiones, por esa ruta hacia la zona del Catatumbo, reconocida por la siembra y fabricación de narcóticos.
“Se pudo verificar que el compuesto orgánico era transportado por un hombre, quien presentó una guía de movilización que tenía otro destino (Cúcuta) y no hacia la zona del Catatumbo. Además no se observó ningún tipo de medida de seguridad, poniendo en riesgo la vida del mismo conductor y de los ciudadanos que transitaban por esa vía”, señaló el oficial Camacho Jiménez.
Desde entonces, los hermanos, naturales de Bogotá, fueron privados de la libertad y un juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra. La Fiscalía les imputó el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, por tratarse de una sustancia controlada por el Estado.
Los hechos se registraron el 7 de agosto de 2013 cuando unidades de la Seccional de Tránsito y Transportes del Departamento de Policía en Norte de Santander interceptaron dos camiones que se movilizaban por el sector Aguas Claras de la vía que de Ocaña comunica con Convención.
Uno de los automotores, era conducido por Pablo Emilio y el otro por su hermano José Antonio, en los cuales las unidades policiales encontraron 10 canecas metálicas con 550 galones de cetona, valuada en $27 millones.
Para entonces, el coronel Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía en el departamento, informó que el procedimiento se dio por los datos aportados por integrantes de la red de apoyo para la prosperidad sobre el movimiento de los camiones, por esa ruta hacia la zona del Catatumbo, reconocida por la siembra y fabricación de narcóticos.
“Se pudo verificar que el compuesto orgánico era transportado por un hombre, quien presentó una guía de movilización que tenía otro destino (Cúcuta) y no hacia la zona del Catatumbo. Además no se observó ningún tipo de medida de seguridad, poniendo en riesgo la vida del mismo conductor y de los ciudadanos que transitaban por esa vía”, señaló el oficial Camacho Jiménez.
Desde entonces, los hermanos, naturales de Bogotá, fueron privados de la libertad y un juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra. La Fiscalía les imputó el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, por tratarse de una sustancia controlada por el Estado.
Preacuerdo
Ante el contundente material probatorio con que contaba la Fiscalía, sumado a la captura en flagrancia, el 31 de enero de este año, los hermanos decidieron preacordar con la Fiscalía y aceptar los cargos a cambio de recibir una rebaja en la pena.
Sin embargo, en el último momento y cuando el juzgado procedía a dar lectura a las sentencias condenatorias, José Antonio decidió no aceptar el preacuerdo y prefirió ir a un juicio oral y probatorio tras argumentar que fue “utilizado y engañado” y que demostrará su inocencia, aún cuando enfrenta otro proceso por el mismo delito.
Así las cosas, Pablo Emilio fue condenado como cómplice, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena y fue trasladado por Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la cárcel de Cúcuta, donde deberá purgar la pena impuesta.
“Pablo Emilio fue capturado en flagrancia y lo aceptó de manera libre, voluntaria y espontánea en el preacuerdo suscrito con la Fiscalía. Con su comportamiento puso en peligro a la salud pública…”, concluyó el Juzgado.
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