La racha de delitos que
sacude a Cúcuta desde el año pasado obligó a las autoridades a endurecer los
controles y a reforzar las medidas en materia de vigilancia para recobrar la
tranquilidad y garantizar plenas condiciones de seguridad a los ciudadanos.
Tras cuatro horas de
análisis, que se prolongaron hasta al atardecer con un encuentro con el
vicepresidente Germán Vargas Lleras; el alcalde, César Rojas; el gobernador,
William Villamizar, y los concejales, surgió
un paquete de medidas para hacer frente a la inseguridad.
Varias exigencias que se
plantearon en el consejo de seguridad esperan respuesta del Gobierno Nacional;
por eso, ayer le fueron transmitidas a Vargas.
Se trata de un cambio en
las políticas migratorias en frontera colombo-venezolana, haciendo especial
énfasis en un control más efectivo por parte de Migración Colombia hacia los
ciudadanos que pretendan ingresar al país por los pasos internacionales
establecidos en el área metropolitana de Cúcuta.
En este mismo orden,
también se solicitó la restricción del ingreso a personas indocumentadas o que
no tengan documentación idónea que pueda aseverar su identidad.
Se concluyó también que se
requiere apoyo administrativo y financiero para las autoridades migratorias
regionales.
Un punto en el que Rojas
había hecho énfasis la semana pasada tiene que ver con el aumento del pie de
fuerza, al igual que con el refuerzo con equipos tecnológicos para ejercer un
control más eficaz contra la delincuencia urbana.
Otra medida adoptada fue
aumentar la presencia del Ejército a lo largo de los límites fronterizos con
San Antonio y Ureña.
Se le solicitó al Gobierno
Nacional crear una ley especial mediante la cual se permita realizar la
internación de vehículos y motocicletas de placas venezolanas, con el fin de
tener un control idóneo sobre la propiedad, la ubicación y registro de estos
automotores, ya que estos vienen siendo utilizados en los distintos delitos que
se cometen en el área metropolitana.
También se solicitó
contemplar la posibilidad de ampliación o creación de una nueva cárcel para
Cúcuta, debido a que el actual hacinamiento en la penitenciaría llega a un 300
por ciento de su capacidad máxima.
Los ediles de Cúcuta
aprovecharon para solicitar también a la policía incrementar la vigilancia en
los barrios de las comunas 3 y 4, próximos a los puentes internacionales
Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, debido a que en los últimos días
se ha incrementado el accionar delictivo por parte de ciudadanos venezolanos.
También exigieron más
controles de la Policía en las trochas, a fin de que se detenga el contrabando
de carne, combustibles y automotores.
Se conocieron denuncias de
un incremento desbordado de carros de contrabando que están siendo ingresados a
territorio nacional por las trochas y que, según los concesionarios de carros
colombianos, atenta contra contra la estabilidad del sector.
En el informe que presentó
la Policía en el consejo de seguridad, se dio a conocer que a la fecha se
contabilizan un total de 249 capturas de ciudadanos venezolanos y un total de
406 deportados.
El año pasado fueron
víctimas de homicidios por parte de venezolanos 5 personas en el área
metropolitana. En la presente semana el sector más azotado por la delincuencia
fue el comercial.
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