Cuando el venezolano José
Antonio Arriaga firmó para apoyar la convocatoria a un referéndum revocatorio
contra el presidente Nicolás Maduro, sospechó que lo podían despedir de su
trabajo como funcionario en la aduana de un puerto fluvial del país.
Y sus temores se
confirmaron a fines de junio cuando, por medio de una carta, lo echaron de su
cargo en el servicio de administración aduanera y tributaria Seniat, que
ocupaba desde hace 21 años y, de un plumazo, lo despojaron de su jubilación.
"El objetivo de ellos
es remover a los que estamos, manifiestamente, en contra", dijo Arriaga a
la agencia Reuters en la casa de sus padres, en Caracas, a donde llegó la
semana pasada para exponer su caso ante el parlamento de mayoría opositora.
"Mi llamado en la
Asamblea fue a que dejen el miedo. ¡Ya basta!, no es posible que sigamos
soportando esto", agregó el abogado de 53 años antes de volver a la ciudad
de Puerto Ordaz, donde trabajaba y vive con su familia desde hace 15 años.
Como Arriaga, otros
cientos de trabajadores públicos y hasta policías y bomberos aseguran haber
sido despedidos en los últimos días por firmar a favor del revocatorio contra
Maduro, según testimonios recavados por Reuters, un listado de una ONG de
derechos humanos y medios de comunicación locales.
Pese a que la medida viola
un decreto-ley firmado por el propio Maduro en el 2015, que prohíbe los
despidos sin causa justificada hasta 2019, el gobierno de Venezuela no se ha
pronunciado y no hizo comentarios ante llamados de Reuters.
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