Durante la asamblea
de ciudadanos celebrada este
viernes en San Antonio con participación de diferentes sectores de la
sociedad, la diputada electa por el circuito de la zona limítrofe, Laidy
Gómez, en compañía del bloque parlamentario del Táchira, expresó que si el
Gobierno no abre la frontera el 21 de
diciembre, el 5 de enero derogarán el
decreto del estado de excepción, “y si siguen con el capricho, vamos a la calle
a consultarle al pueblo y a pedir firmas
para llamar a un referéndum consultivo y volverlos a derrotar a ustedes”.
Participaron en la
asamblea, que tuvo lugar en la Plaza Bolívar,
los diputados electos Laidy Gómez,
Franklin Duarte (suplente) , Sergio Vergara, y
también el parlamentario en ejercicio Walter Márquez,
el secretario de la Mesa de la Unidad, Santiago Contreras, concejales
del municipio Bolívar, quienes escucharon
las inquietudes; representantes de los sectores transporte de pasajeros,
carga, aduanero, comerciantes, industriales y ciudadanía en general de la
zona limítrofe, que se sienten
afectados por el estado de excepción y
el cierre de los puentes, medidas
implementadas por el Gobierno Nacional
desde el 19 de agosto pasado.
Los parlamentarios y voceros que tomaron la palabra afirmaron
que no se justifica el cierre de la frontera
y anunciaron las acciones que ejercerán para derogar el estado de excepción y restituir el libre tránsito por los puentes internacionales que comunican a Venezuela y
Colombia.
La diputada electa,
Laidy Gómez, manifestó su desacuerdo con las recientes declaraciones que hizo la primera
autoridad militar en la zona fronteriza, el
general Carlos Martínez, quien manifestó que es posible que la frontera
permanezca cerrada en atención a que las condiciones que se generaron el 21 de agosto siguen
siendo las mismas.
“Una situación totalmente
equivocada y aislada de la realidad. La realidad es que en este momento el
desabastecimiento se incrementó, las industrias bajaron su santamaría, se generó un desempleo directo de más de tres
mil familias e indirecto de más de 12
mil familias, se siguen generando focos de corrupción a través de las trochas; mientras las aduanas
estaban abiertas se juzgaba a la Guardia Nacional, ahora que las aduanas están cerradas, por las
trochas la opinión pública juzga al Ejército venezolano. No puede el
pueblo seguir siendo afectado por una lucha de poderes entre la Guardia y el
Ejército”, expresó.
Pidió a la primera
autoridad militar de la frontera, al presidente
Nicolás Maduro, y a todos los representantes ministeriales
que “dejen el capricho y abran la frontera para que se vuelva a generar
la fluidez de la economía formal”.
17 mil billones ha dejado
de percibir el país
Al hacer el balance de la
afectación causada por el cierre de la frontera, la
diputada electa dijo que las aduanas de Ureña y San Antonio han dejado de percibir más de 17 mil 300 billones de bolívares, que representan los aranceles tributarios de 6 mil 400 millones de
dólares en mercancía que están
represados en la ciudad de Cúcuta.
Asimismo, agregó, se ha dejado de generar inversión
para los hospitales, las escuelas y la vialidad
porque sencillamente al Gobierno le da la gana de seguir teniendo la
frontera cerrada, para detener la economía formal, pero la
realidad es que a través de las trochas la economía informal genera
beneficios particulares para funcionarios designados allí.
“Escuchamos a la primera
autoridad de la zona decir que habían 18
militares detenidos, nosotros queremos
saber si en esos 18 militares existen
generales y coroneles, si existe alto
mando militar con responsabilidad, porque no se puede aceptar la cacería de
brujas con los funcionarios de bajo rango,
cuando para nadie es un secreto que las trochas las dominan y las
asignan funcionarios de alto rango”.
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